Grecia: ¿Qué se puede hacer?

James Petras
Nota: Este artículo fue escrito por James Petras el 16 de junio de 2012, antes de que tuvieran lugar las últimas elecciones griegas, por eso el resultado de dichas elecciones no está recogido en el artículo.

Introducción

Grecia se enfrenta a la nada envidiable elección entre aceptar las condiciones de la troika y vérselas con la persistencia y la profundización de una crisis económica que comporta cinco años de crecimiento negativo, más de un 23 por ciento de desempleo, un aumento astronómico de la pobreza (de menos del 15 por ciento a más del 40 por ciento) y una escalada de suicidios, o rechazar el «memorándum» y aguardar el probable recorte y reducción de financiación de mercados de capital de la Eurozona con muy pocas reservas para pagar los salarios, pensiones o servicios públicos.

Aunque el coste inmediato de la ruptura con las catastróficas condiciones impuestas por los banqueros de la Eurozona sean elevados, inaugura la posibilidad de transformar las relaciones y estructuras internas y externas que llevaron a Grecia hasta la zona cero en la que ahora se encuentra.

¿Es la crisis una oportunidad?

La prolongada e interminable espiral descendente de la economía y los niveles de vida griegos y las políticas desastrosas y destructivas desarrolladas por los dos partidos dominantes hasta la fecha (el Pasok y Nueva Democracia) han demostrado de manera concluyente que el «capitalismo» griego y la integración en la Comunidad Económica Europea han sido una desgracia sin alivio posible, pues han sido puestos a prueba y no han conseguido satisfacer los niveles mínimos para la vida humana. Solo los verdaderos creyentes y dogmáticos en las virtudes innatas del «capitalismo» y la CEE pueden seguir cotorreando sobre la «necesidad» de perseverar en las mismas medidas de «austeridad» que han arrasado la vida del 80 por ciento de la población, han cerrado la mitad de los establecimientos y negocios del país y no consiguen proporcionar empleo a la mitad de la mano de obra joven (menor de 30 años).

La crisis profunda demuestra la necesidad de realizar cambios elementales en la organización de la economía, la urgencia de un nuevo liderazgo político y el deseo de un nuevo sistema político receptivo a la inmensa mayoría.

Las viejas oligarquías dominantes están absolutamente desacreditadas. Los vínculos existentes con la CEE no hacen más que desangrar a la economía: concediendo préstamos que agrandan la deuda y que atraviesan los conductos de la economía griega para desembocar en los banqueros del extranjero. La «integración» en la CEE es en realidad una monumental bomba de succión que deprime la economía y reduce los niveles de vida con el fin de extraer riqueza para los propietarios de bonos residentes en el extranjero.

Ningún capitalista ni político del viejo orden ofrece ningún argumento redentor. Antes ya saquearon la economía; en la actualidad, extraen y transfieren riqueza al exterior; y para el futuro solo pueden prometer más de lo mismo.

El reto básico no son las condiciones pésimas del presente, sino la oportunidad que se presenta para una transformación fundamental. El problema consiste en diseñar la transición desde una debacle sin remedio a una economía equitativa, dinámica y participativa. El problema de afrontar una transición es el comportamiento y los rasgos estructurales defectuosos de la sociedad, el sistema de gobierno y la economía griega. En Grecia está profundamente arraigado el legado de una cultura de corrupción de partidos omnipresente, cleptocracia y gastos inflados para el ejército y las burocracias clientes. Y lo más importante: Grecia está dominada por unas élites económicas ansiosas de rentas que fingen ser capitalistas, pero se aprovechan de las limosnas del Estado y del exterior procedentes de los banqueros y Estados de la Eurozona.

Llevar a cabo una transición requiere que primero impongamos a la negativa herencia del pasado la orden de averiguar qué propuestas son viables y necesarias.

La herencia negativa y el impago de la deuda: Grecia no es Argentina

Muchos críticos radicales de la «austeridad» y de la crisis de deuda en Grecia citan el «ejemplo argentino» del impago de la deuda (más de 100.000 millones de dólares) y su capacidad para diseñar una recuperación exitosa y un modelo de crecimiento basado en la «autofinanciación». Los defensores críticos ignoran las diferencias profundas de la estructura económica y social de los dos países, así como su localización en las economías de sus respectivas regiones.

En el momento mas bajo de su crisis, Argentina se encontraba de hecho en peor situación que Grecia hoy día. El desempleo oscilaba entre el 25 y el 30 por ciento y superaba el 50 por ciento en muchas zonas trabajadoras, lo que contrasta con el 24 por ciento de Grecia. Los niveles de pobreza en Argentina superaban el 45 por ciento; en Grecia, superan el 35 por ciento. La depresión en Argentina significó una tasa de crecimiento negativo de aproximadamente el 20 por ciento durante tres años consecutivos, cifra que en Grecia corresponde al descenso producido en el conjunto de los últimos cinco años.

A pesar de partir de una situación más difícil y peor, Argentina contaba con varias ventajas estratégicas.

En primer lugar, en Argentina la expulsión del poder de las élites dominantes que impulsaban la crisis fue realizada por un levantamiento popular masivo (diciembre 2001-enero 2002). En Grecia, si bien las movilizaciones masivas han politizado, movilizado y radicalizado sin duda a una parte del electorado, la coalición radical que aspiraba al poder (Syriza) ha tomado la senda electoral. En segundo lugar, el levantamiento argentino fue un proceso continuo porque los piqueteros desempleados cortaron todas las carreteras y vías de transporte como instrumento de negociación para garantizar que los recursos se transferían del pago de la deuda a las prestaciones de las familias de los trabajadores desempleados y a la revitalización de la economía. En Grecia, el inmenso ejército de desempleados no tiene ni la capacidad organizada para sostener un bloqueo de transportes continuo, ni puede recurrir a organizaciones vecinales y sindicales para nada más que la repetición de jornadas de huelga de un día y manifestaciones.

Argentina devaluó de forma drástica e inmediata su moneda —eliminando su vinculación al dólar— haciéndo que dejara de cambiarse en paridad para pasar a intercambiarse a razón de tres a uno, e incrementó enormemente la competitividad de los artículos de exportación argentinos. El gobierno de centro-izquierda promovió la sustitución de productos locales por importaciones caras. Argentina, a diferencia de Grecia, no formaba parte de una unión monetaria y podía fijar la tasa de intercambio de su propia moneda. Grecia está ligada al euro y tendrá que pasarse al dracma para asumir el control sobre sus finanzas, su tasa de intercambio y sus herramientas de política monetaria e inversión.

Argentina poseía un sector industrial-manufacturero importante, a medio gas por la crisis, pero con capacidad de trabajadores, técnicos y directivos para responder a un nuevo programa de estímulos. Además, Argentina contaba con un sector agroempresarial altamente competitivo y dinámico, líder mundial en la carne de ternera, los cereales y la soja, así como con riqueza energética (petróleo) y mineral, que podía activar el gobierno de centro-izquierda.

Durante sus 30 años de pertenencia a la Unión Europea, Grecia ha visto contraerse su base manufacturera y agrícola, ya exigua y menguante, ante las importaciones mejores y más baratas de países capitalistas desarrollados como Alemania, Francia, Holanda y otros. A diferencia de Argentina, Grecia recibió miles de millones de dólares en «transferencias», fondos de compensación para mejorar su economía y competitividad y prepararla para la plena integración (eliminando barreras arancelarias). Sin embargo, ninguno de los dos partidos gobernantes, ni los «capitalistas», ni los agricultores, canalizaron las «transferencias» hacia actividades productivas. Los partidos gobernantes emplearon las transferencias para construir maquinarias de patrocinio electoral extensivo; dilapidaron fondos con contratistas del Estado a precios excesivos para abastecer a constructores dedicados a proyectos de edificación no productivos (incluidas las estafas multimillonarias en torno a los Juegos Olímpicos). Decenas de miles de titulados universitarios y fieles de partidos políticos sin empleo abultaron las burocracias nacionales, regionales y locales, lo que acrecentó el consumo y cerró el paso a cualquier actividad productiva sensata.

Los capitalistas diseñaron «proyectos productivos» y, a continuación, transfirieron los préstamos y las limosnas de la UE a inversiones inmobiliarias en el exterior y compra de artículos de lujo. La élite griega transfirió los préstamos a cuentas bancarias de Londres, Suiza y Chipre… mientras el gobierno desaparecía como avalista final.

En el sector agrícola, muchos propietarios eran médicos, dentistas, abogados y funcionarios de alto rango que utilizaban su propiedad de unas pocas docenas de olivos o naranjos para recibir préstamos a bajo interés, importar vehículos de lujo 4×4 libres de impuestos y construirse segundas o terceras residencias vacacionales. Muchos agricultores que recibieron préstamos y ayudas adquirieron terrenos para construir casas para sus hijos casados, o para tener un sitio que alquilar a turistas, o para mandar a sus hijos e hijas a estudiar a universidades extranjeras.

Y lo más importante: la élite económica —banqueros, propietarios de buques, constructores inmobiliarios—, los políticos y los especuladores extrajeron miles de millones de las transferencias de la CEE en forma de préstamos ilícitos a compinches y en forma de honorarios, gastos de gestión de acuerdos crediticios y financiación de pensiones.

Los banqueros europeos, las autoridades del gobierno y los exportadores eran plenamente conscientes de que las «transferencias» estaban siendo robadas… pero siguieron, por razones evidentes de beneficio económico y político: el pacto de los lucrativos intereses afluía a sus arcas; los exportadores desembarcaban en los mercados de consumo griegos; los banqueros y las instituciones de inversión encontraban directivos de fondos de pensiones volutariosos y «abiertos» a acoger inversiones turbias. Hasta los turistas gozaban del sol y las importaciones que les recordaban a sus países de origen: escalopes milaneses, cerveza inglesa, queso feta alemán… Además, Grecia destinaba el 15 por ciento de su presupuesto al gasto militar, que servia a objetivos y bases de la OTAN.

Contrariamente a lo que daban a entender las apariencias más superficiales, Grecia no estaba gobernada por capitalistas, pequeños empresarios y agricultores, como algunos politólogos afirman. Grecia estaba gobernada por una extensa clase de cleptócratas, evasores fiscales y rentistas que saqueaban, tomaban prestado, consumían e invertían en el extranjero. Desde el punto de vista tecnológico, Grecia era uno de los países agro-manufactureros más atrasados. Sus profesionales formados y educados en el extranjero regresaban y se «adaptaban» a la cultura rentista-cleptocrática: la mayoría ocupaba varios cargos en actividades del sector público y privado, lo que se traducía en una gestión y un rendimiento mediocres y muchos conflictos de intereses.

Grecia, en resumen, no es Argentina. El impago griego es una necesidad absoluta para dar comienzo al proceso de transición hacia una economía productiva y equitativa. Pero el espantoso legado griego plantea toda una serie de problemas y retos nuevos con pocos recursos económicos y en ausencia de clases productivas destacadas.

El arduo camino para salir de la crisis

Cualquier hoja de ruta para salir de la crisis griega será difícil, compleja y ardua, dada la economía de «tierra quemada» que heredaría un gobierno de izquierda (GI). La primera y más esencial preocupación de un GI es poner fin a las políticas y, en especial, a los acuerdos con la troika que reclaman más despidos masivos de empleados públicos, reducción de prestaciones sociales y recortes en salarios mínimos y pensiones. Un nuevo GI tiene que imponer una serie de medidas de emergencia para evitar la quiebra económica.

Está absolutamente claro que los banqueros y gobiernos europeos quieren castigar a Grecia por las transgresiones de su «pacto de austeridad». Si Grecia lograra renunciar al pacto de austeridad, los banqueros europeos temen que otros países la sigan: España, Portugal, Italia, Chipre e Irlanda.

Grecia debería suspender el pago de la deuda, imponer férreos controles al capital y congelar los depósitos bancarios para evitar la fuga de capitales ante el recorte de financiación de la troika. Un GI debería crear una serie de comisiones de emergencia para (1) garantizar fuentes alternativas de financiación de emergencia de varios fondos de reserva con eurobonos. Deben buscar préstamos en Rusia, Irán, Venezuela, China y otros Estados no endeudados con la troika, (2) realizar un inventario de empresas existentes potencialmente productivas —empresas en quiebra o con problemas, empresas endeudadas— y convertirlas en cooperativas gestionadas por trabajadores y empleados patrocinadas por el Estado, (3) examinar la deuda pública para determinar cuál se puede considerar «legítima» (los préstamos canalizados hacia el empleo productivo) e ilegítima (los préstamos que sirvieron para enriquecer a especuladores, contratistas corruptos y dirigentes políticos), (4) investigar y embargar los bonos extranjeros de griegos acaudalados implicados en evasiones fiscales multimillonarias y plurianuales y que acumularon rentas ilícitas a través de préstamos impagados y blanqueo de dinero. Los auditores griegos deberían pasar a reclamar que los acreedores de la Eurozona recaudaran el pago de la deuda de las cuentas bancarias de los griegos ricos que blanquearon dinero y lo depositaron en Londres, Zurich, Fráncfort, Nueva York y otros lugares.

El principio rector de un GI debería ser: «quienes suscribieron los préstamos y se lucraron, que los paguen». Los banqueros europeos que prestaron dinero a políticos corruptos y cleptócratas empresariales deben asumir las pérdidas por no lograr ejercer «la debida diligencia»: supervisar la viabilidad de la actividad que estaban financiando. Al fin y al cabo, las empresas privadas «justifican» sus beneficios mediante los «riesgos» que asumen. En el caso de Grecia, las demandas de los eurobanqueros de que los préstamos bancarios privados y las devoluciones queden «garantizados» por el Estado (con independencia de lo mal gestionados que estuvieran) corre el riesgo de causar «daños morales»: asegurar el lucro de los banqueros, sin prestar atención a su «sensatez», anima a que se repita una especulación temeraria como la que se ha respirado en Grecia durante los últimos treinta años.

Un GI debería rechazar las deudas ilegales (la inmensa mayoría) y renegociar y refinanciar el resto en un marco temporal más amplio, a la espera de la recuperación económica.

Lo que se debería reconocer es que los anteriores gobiernos griegos (pese a estar formalmente elegidos) se entregaron a una actividad ilegítima que perjudicó a la soberanía, a la capacidad productiva y a los medios de vida de todo un pueblo.

Lo que no es admisible es obligar a todo un pueblo a sacrificar su finca porque una minoría de griegos suscribió préstamos y no invirtió ni pagó sus deudas a acreedores extranjeros. En la actualidad, los millonarios cleptócratas tienen «respaldo» y sus cuentas bancarias y propiedades inmobiliarias multimillonarias e ilícitas están protegidas por los bancos que reclaman los pagos del gobierno griego. Sus actuales demandas se basan en la demolición atroz de los niveles de vida de todo un pueblo. Para las obligaciones restantes, un GI griego puede transferir la deuda fiscal de los evasores fiscales griegos a los acreedores, permitiéndoles embargar las cuentas en el extranjero de sus clientes griegos.

Un GI podría autofinanciar una recuperación modificando drásticamente las prioridades presupuestarias: principalmente, recortando el presupuesto militar. El gasto militar de Grecia, en porcentaje de su presupuestos total, es uno de los más elevados de la Unión Europea. Al eliminar los gastos de las actividades de la OTAN, las misiones militares en el exterior y numerosas bases militares, un GI podría priorizar las inversiones industriales y en el sector servicios.

Grecia necesita (1) un impuesto de crecimiento; una tasa fija a los autónomos —profesionales, comerciantes, hoteles, etc.— para garantizar que pagan su cuota en la financiación de la nueva economía. Mientras los millonarios se dedicaban a mega estafas y evasiones, también sucedía que el 50 por ciento del sector autoempleado imitaba su conducta a pequeña escala, (2) un impuesto para los turistas —en aeropuertos, muelles y puertos, escalas marítimas turísticas— bajo la supervisión estricta y/o el reemplazo de inspectores/recaudadores fiscales y oficiales de aduanas corruptos que se llevan un buen pico de la gestión. El encarcelamiento de los funcionarios corruptos debería ser obligatorio. (3) Un impuesto inmobiliario que refleje el valor real de la tierra y las propiedades, en especial de los terrenos sin uso o no cultivados. (4) Un impuesto sobre las transacciones financieras y el fin de las exenciones fiscales a los bancos y empresas importantes y las denominadas constructoras inmobiliarias.

Explotar recursos humanos no utilizados o infrautilizados

El nuevo gobierno tiene muchas fuentes de «capital humano»; centenares de miles de jóvenes cultos sin empleo a quienes se puede movilizar para trabajar en actividades productivas mediante inversiones públicas selectivas en áreas prioritarias, especialmente fuera de la «gran región de Atenas».

Hay muchas regiones e islas que tienen potencial para proporcionar ingresos y empleo, siempre que se aborde de la forma adecuada. Una de las más sobresalientes es el procesamiento de alimentos; una de las muchas perversidades de la economía griega es la producción y exportación de manzanas y cítricos a Alemania y la importación de zumos. Otro es el fracaso a la hora de vincular los alimentos locales y las manufacturas a un sector turístico de 14 millones. La mayoría de los alimentos y los muebles son de importación; la mayoría de los paquetes de vacaciones benefician a multinacionales extranjeras y agencias de transporte exteriores. En consecuencia, la economía y la mano de obra griega obtienen una pequeña parte de sus ingresos totales de su «sector principal». Grecia, con 300 días al año de sol, es ideal para el desarrollo de la energía solar.

No se puede construir una nueva economía con los cleptócratas del pasado

Como he expuesto más arriba, Grecia disponía de muy pocos empresarios reales, si es que había alguno, que invirtiera en sus propios beneficios, en investigación y desarrollo y modernizara su fábrica.

Las empresas del sector público estaban sobrecargadas de «miembros del partido» desempleados, muchos de los cuales prácticamente «no aparecían»; y muchos sindicatos del sector público entregados al nepotismo y al pluriempleo a costa de la eficiencia, la rentabilidad y las estrategias de desarrollo a largo plazo de los servicios. Las empresas del sector público requieren una especie de «re-nacionalización» para que generen ingresos y beneficios con los que financiar nuevos puestos de trabajo en empresas nuevas. La gestión de las empresas públicas se debería transferir de manos de «gestores a perpetuidad» estancados a equipos de gestión dinámicos compuestos por trabajadores, emprendedores e ingenieros que se ocuparan de ampliar el alcance y la calidad de la actividad en el seno de la nueva economía.

Es preciso movilizar los fondos de pensiones y demás ahorros junto con los miles de millones retenidos por el impago de la deuda del Estado para pagar los gastos corrientes (pensiones, salarios, importaciones básicas, etc.) con el fin de estimular la recuperación de la producción en las empresas que den muestras de voluntad de reconstruir la economía y de voluntad para colaborar con el proceso de activación de la producción y el empleo. Los beneficios públicos deberían financiar la toma por parte de trabajadores de fábricas y servicios abandonados por sus anteriores propietarios, de los que hay millares.

El sector público debe asumir el liderazgo en la inversión, prestación de servicios y producción para generar «confianza» entre los pequeños y medianos productores. El sector público debe ponerse a la cabeza en la negociación con prestamistas potenciales y socios económicos fuera de la Eurozona: si la Eurozona interrumpe toda financiación como consecuencia del impago de la deuda o de una moratoria, harán falta nuevos mercados y acuerdos comerciales y financieros.

El problema es que Syriza sigue con la idea del impago y no tiene ningún plan de emergencia alternativo con el que responder a un bloqueo de la Eurozona. Ante una ofensiva de la UE y el FMI y a falta de alternativa, un sector de Syriza (ex sindicalistas del sector público del Pasok) puede dar marcha atrás y tratar de aceptar alguna modalidad de pacto «renegociado»… lo que dividiría y socavaría las perspectivas de una transformación auténticamente viable y radical y condenaría a Grecia a su catastrófica espiral descendente.

Conclusión

La crisis más devastadora que haya afectado a un país de Europa occidental desde la Segunda Guerra Mundial ha ascendido a Syriza a aspirante serio al poder del Estado. Syriza adquirió respaldo mediante sus organizaciones de base dinámicas y la cohesión relativa de sus dispares elementos. Su denuncia clara y directa de la corrupción y el saqueo de los partidos dominantes y su imagen de partido con las «manos limpias» la ha hecho ser la fuerza predilecta en un amplio abanico de clases sociales, regiones y grupos generacionales. Sin embargo, la mera profundidad de la crisis, el saqueo absoluto y el vaciado de las arcas por parte de la clases política-empresarial cleptócrata y el desmantelamiento de la totalidad del sector productivo y la transferencia de miles de millones de euros al extranjero por la clase rentista millonaria, han generado un suelo inmensamente difícil para poner en marcha la necesaria transformación. El nuevo gobierno puede y debe garantizar la soberanía de la nación rechazando los dictados imperiales y poniendo fin a toda degradación adicional («austeridad») del pueblo griego. La emancipación requiere que primero y principalmente la nueva dirección asuma el liderazgo en la realización de sacrificios: recortar todos los beneficios extras del cargo, los salarios y los compromisos en el exterior. Las nuevas prioridades sociales requieren recortes drásticos en el presupuesto militar: bases, OTAN y adquisición de armamento. Los nuevos líderes deben decir a los eurobanqueros que recauden el pago de las cuentas corrientes de los multimillonarios del exterior que los prestaron, que desangraron al país y ahora están protegidos en esos mismos bancos.

La izquierda debe pasar de las palabras críticas a los hechos prácticos; ¡de las teorías a la creación de puestos de trabajo! Grecia, con un nuevo gobierno, puede poner fin a una austeridad y decadencia indefinidas. Puede y debe cambiar su lugar en la economía internacional. En última instancia, es la mejor última esperanza que le queda a Grecia.

Artículo original: http://petras.lahaine.org/?p=1901 – Traducido para Rebelión por Ricardo García Pérez.

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